Esta semana ha entrado en vigor en España la nueva Ley de Protección de Denunciantes, también conocida como la Directiva Whistleblower. Esta ley obliga a las empresas a proporcionar a sus trabajadores/as las herramientas necesarias para poder denunciar prácticas ilegales e infracciones laborales bajo el amparo de la confidencialidad y sin riesgo de amonestación.